El Riesgo del Sistema de Salud alcanzó un promedio de 71 puntos sobre 100
El diagnóstico revela que 31 capitales colombianas atraviesan riesgos
altos o críticos de continuidad en su sistema de salud para 2026, con graves
dificultades en acceso, suministro de medicamentos y la sostenibilidad
financiera de EPS e IPS.
La salud en las capitales presenta señales comunes de presión sobre el
acceso, la prestación y la sostenibilidad, según la Línea Base 2026 sobre el
Estado del Sistema de Salud en las Ciudades Capitales, presentada por
Asocapitales con apoyo de UNIPS Colombia y la Secretaría Distrital de Salud de
Bogotá.
El diagnóstico fue construido con información reportada por las
secretarías de salud de las 31 capitales y presentado al Ministerio de Salud y
Protección Social. El estudio analizó 77 variables relacionadas con acceso,
prestación de servicios, aseguramiento y sostenibilidad, y alcanzó una
cobertura del 100 % de las ciudades consultadas.
El riesgo territorial alcanza un promedio de 71
puntos sobre 100
El Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud alcanzó un promedio
de 71 puntos sobre 100. De las 31 ciudades analizadas, 15 quedaron ubicadas en
la categoría crítica y 16 en la categoría alta, mientras ninguna fue
clasificada en niveles bajo o moderado.
Las dificultades se concentraron principalmente en dos frentes. Los medicamentos fueron señalados como una
barrera grave por 24 ciudades, mientras que 21 identificaron problemas relacionados
con el acceso a consultas especializadas.
El suministro de medicamentos concentra las principales alertas
El abastecimiento ambulatorio de medicamentos aparece entre los puntos
más sensibles del diagnóstico. Veintitrés ciudades reportaron dificultades
críticas en este componente y siete las clasificaron en nivel moderado, según
la información recopilada por Asocapitales.
Los problemas también alcanzan tratamientos para enfermedades de alto
impacto. Veintisiete capitales reportaron dificultades en el suministro de
medicamentos oncológicos, 26 en tratamientos cardiovasculares y 25 en
antidiabéticos e insulinas.
El desabastecimiento de medicamentos fue identificado como un evento
crítico por 29 ciudades. A
esto se suma la interrupción de tratamientos de alto costo, señalada por 28
capitales dentro de los principales riesgos observados en sus territorios.
La situación de las EPS y las IPS presiona la
prestación de servicios
El informe también recoge dificultades financieras y contractuales en
las ciudades capitales. De las 197 EPS que operan en los territorios
consultados, 87 fueron reportadas bajo medidas
de vigilancia especial, intervención o liquidación, con una mediana
territorial del 50 %.
En dos capitales ubicadas en la Amazonía y la Orinoquía, la única EPS
que opera se encuentra bajo alguna de estas medidas especiales. Este escenario
hace parte de las condiciones de aseguramiento identificadas por las
secretarías de salud durante la construcción de la línea base.
Entre las principales causas reportadas de suspensión o cierre de
servicios se encuentran
La cartera y falta de pago de las EPS, mencionada por 23 ciudades.
La insuficiencia financiera de las IPS, reportada por 20 capitales.
La terminación de contratos, identificada por 16 ciudades.
De acuerdo con el diagnóstico, la presión financiera reportada se
encuentra asociada principalmente con ingresos no percibidos por los
prestadores, más que con incrementos en sus costos de operación.
Los tratamientos de alto costo registran la mayor
severidad esperada
Los riesgos identificados también alcanzan directamente la continuidad
de la atención. Treinta ciudades señalaron la interrupción de tratamientos en
curso como un riesgo clínico y 26 advirtieron sobre la progresión de
enfermedades por falta de atención oportuna. Otras 18 mencionaron el aumento de
la mortalidad evitable.
En la matriz elaborada por Asocapitales y UNIPS Colombia, la
interrupción de tratamientos de alto costo registró la mayor severidad
esperada, seguida por la saturación de los servicios de urgencias. Los diez
riesgos priorizados quedaron ubicados en el cuadrante de alta probabilidad y
alto impacto.
Las peticiones, quejas, reclamos y denuncias también registraron
aumentos. Veintitrés ciudades reportaron incrementos superiores al 30 % durante
el último año, mientras otras seis informaron aumentos de entre 10 % y 30 %.
¿Qué solicitan las ciudades capitales al
Gobierno Nacional?
El diagnóstico muestra una amplia coincidencia entre las capitales sobre
las acciones consideradas prioritarias. Treinta de las 31 ciudades solicitaron
garantizar el suministro de medicamentos y tecnologías de alto costo y el mismo
número pidió avanzar en el saneamiento de la cartera entre EPS e IPS.
Las principales solicitudes planteadas por las
ciudades incluyen
Establecer mecanismos para el saneamiento de cartera entre aseguradores
y prestadores.
Garantizar la continuidad de la contratación entre EPS e IPS.
Fortalecer el flujo directo de recursos hacia la red prestadora.
Mejorar las condiciones para el ejercicio territorial de inspección,
vigilancia y control.
¿Cuál es la agenda planteada por Asocapitales
tras el diagnóstico?
A partir de los resultados de la línea base, Asocapitales anunció que
llevará al Gobierno Nacional una agenda construida alrededor de las prioridades
identificadas por las ciudades. El planteamiento comprende medidas relacionadas
con medicamentos, tecnologías de alto costo, cartera, contratación entre
aseguradores y prestadores y flujo de recursos hacia la red.
La agenda también contempla fortalecer las condiciones para que las autoridades territoriales
desarrollen sus funciones de inspección, vigilancia y control. Estas propuestas
surgen de un diagnóstico que reunió información de las 31 secretarías de salud
de las ciudades capitales y que ubicó a todas ellas en niveles altos o críticos
del Índice Territorial de Riesgo del Sistema de Salud.
La publicación de esta línea base pone en manos del Gobierno Nacional y
de las autoridades territoriales un punto de comparación concreto para seguir
la evolución de los principales riesgos reportados por las capitales. Su
utilidad estará en verificar si las decisiones que se adopten sobre
medicamentos, cartera, contratación y flujo de recursos logran modificar las
condiciones que hoy están afectando la continuidad de la atención.
El siguiente paso será observar cómo se traducen estas solicitudes en
medidas concretas y qué capacidad tendrán para responder a realidades
territoriales muy distintas entre sí. Ese seguimiento permitirá establecer si
las acciones adoptadas consiguen reducir las barreras de acceso, estabilizar la
prestación y proteger la continuidad de los tratamientos en las ciudades con
mayor nivel de riesgo.
Fuente: Consultor Salud – (Nathalia Moreno
González)
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